Los fedatarios públicos se preparan para una transformación de su papel
El Gobierno prepara una ley para dotarles de competencias judiciales
El riesgo: una justicia a dos velocidades
El sistema judicial está colapsado y los despachos de los notarios mermados de actividad (e ingresos). La ecuación parece simple: ciertas funciones de los unos podrían ser asumidas por los otros —en tanto que funcionarios— para beneficio mutuo. El Gobierno trabaja en un anteproyecto de ley en esta dirección, y que previsiblemente será presentado en septiembre, según confirman desde el Ministerio de Justicia. Pero la fe de un notario no es gratis y, aun con unos precios fijados por ley, la posibilidad de que asuman competencias propias de los jueces (matrimonios, divorcios sin hijos o la declaración de herederos, entre otras) despierta las reticencias de quienes opinan que podría generar una justicia a dos velocidades: la gratuita y lenta, y otra más ágil, pero de pago.
“Los notarios estamos dispuestos a contribuir a aliviar los juzgados”, afirma Manuel López Pardiñas, presidente del Consejo General del Notariado. La medida podría, además, solucionar la crisis del colectivo, cuya actividad ha descendido en picado junto al ladrillo. Mientras que en 2007 gestionaron más de 1,2 millones de operaciones de compraventa de viviendas, en 2011 fueron 535.906, según los datos de la propia institución.
Los notarios son funcionarios autorizado para dar fe pública de los contratos y otros actos extrajudiciales sujetos a la legalidad. Pero sus ingresos no provienen del Estado, sino de los particulares que hacen uso de sus servicios conforme a unos aranceles fijados por ley. No tienen la posibilidad, por tanto, de subir las tasas para paliar el descenso de demanda. Una situación de libre mercado en la que pudieran aumentar (y competir) en tarifas no es, en cualquier caso, una posibilidad que guste al colectivo. “Sería contrario al interés del ciudadano medio, que no tendría la misma capacidad de negociación de los precios que una gran empresa”, defiende López Pardiñas.
La viabilidad del sistema notarial español pasa por atraer más demanda a sus oficinas. Sabido que el mercado inmobiliario, su principal fuente de ingresos, no volverá a ser lo que era, solo queda ampliar competencias. Justicia no da detalles de los términos del anteproyecto de ley de jurisdicción voluntaria que dotaría a los fedatarios públicos de funciones que ahora realizan los jueces. Pero el Consejo General del Notariado tiene algunas ideas de cuáles podrían ser: matrimonios y divorcios sin hijos —como ya anunció Gallardón en febrero—, declaración de herederos, adopción de mayores de edad o la convocatoria de juntas en sociedades mercantiles, entre otras. “¿Por qué no puede casar un notario? Puede ser una alternativa”, argumenta López Pardiñas.
La Unión Progresista de Secretarios Judiciales ya mostró su disconformidad con esta posibilidad en una nota en la que alertaba del “coste económico para el ciudadano” que podría tener la reforma. Juan Ramón Liébana, doctor en Derecho de la Universidad de La Rioja, especializado en jurisdicción voluntaria, opina que “la intervención de notarios debe tener un carácter potestativo (no obligatorio) y siempre alternativo al Secretario Judicial”. Y en cualquier caso, el ciudadano “siempre tendría que poder utilizar un órgano judicial”, añade.
Pero la voluntariedad no elimina la cuestión económica. La actuación de un notario no es gratuita, por lo que la capacidad de elección se ve limitada por la mayor o menor solvencia del ciudadano. La asociación Jueces para la Democracia (JpD) mostró, tras el anuncio de Gallardón de bodas y divorcios ante notario, su temor a una “justicia de dos velocidades: una para quien tenga medios para sufragársela y otra para quien carezca de ellos”.
El presidente del Consejo General del Notariado no cree que el coste vaya a ser un impedimento para quienes quieran acudir a un notario para adoptar un hijo mayor de 18 años o casarse, pero sí tendrán la ventaja de hacerlo en un tiempo récord sin esperar en la cola del juzgado. Confía en que los aranceles, que fijará la ley, serán reducidos. “La gente tiene la sensación de que somos caros, pero no es verdad, hacer un testamento son apenas 40 euros”, argumenta. Juan Ramón Liébana propone, como mecanismo para evitar “la justicia de ricos y pobres”, que se prevea legalmente “unos precios de cuantía similar a las tasas judiciales para la tramitación del mismo tipo de expedientes”. “Al ciudadano le facilitaría la vida”, dice. El experto cree que es urgente que se actualice la ley de jurisdicción voluntaria para descargar a los jueces de trabajo —la legislación vigente es de 1881, recuerda— y no ve inconveniente en que los notarios adquieran funciones en este ámbito. “El deslinde de una finca, por ejemplo, lo puede hacer un notario y que el juez se dedique a dictar sentencias”, resume.
Otra cuestión es la posible indefensión de una de las partes de un acuerdo, en caso de que este se firmase ante notario, aunque fuera de mutuo acuerdo. Las acciones dentro del ámbito de la jurisdicción voluntaria, incluso las que ahora son exclusivas de los jueces, no requieren la intervención de un abogado. Pero desde el Consejo General de la Abogacía defienden “la intervención de un abogado en todo momento como garante de los derechos del ciudadano”, también en la notaría.
López Pardiñas apunta que es también su labor, ahora y en caso de que asuman nuevas funciones, velar por la “parte débil” en un acuerdo. Pone de ejemplo las hipotecas. “Es nuestro deber cerciorarnos de que el usuario sabe lo que está firmando”, dice. “Leer la hipoteca no es un trámite, en alguna ocasión me he negado a firmar cuando el cliente quería saltarse esta parte porque tenía el coche en doble fila”. El presidente de Consejo quiere desmontar el mito de que el notario es una persona fría que solo cobra por echar firmas. “También asesoramos a nuestros clientes, y lo hacemos gratis”, afirma. “Mucha gente no sabe que las hipotecas, por ejemplo, las tienen tres días antes de la firma en la notaría para que las revisen y se las expliquemos si lo desean”, añade.
El desconocimiento sobre qué hace un notario y los costes que acarrea —“que no son tan elevados como cree la gente”, recalca López Pardiñas— es una de las causas que han vaciado sus despachos, según Liébana. Un cambio de imagen parece tan necesario como la reinvención para salvar la institución. Hoy celebran el 150 aniversario de la Ley de Notariado (28 de mayo de 1862), en la que se creó su figura, en un Congreso en el que se reivindican como pieza clave en la sociedad del siglo XXI.
“Somos una institución cada día más joven y con mayor presencia de la mujer”, expone López Pardiñas como prueba de su modernización. “Y hemos superado el reto digital”, añade. Las 3.000 notarías españolas tienen el mismo nivel tecnológico, independientemente de su ubicación geográfica. Están conectadas por una red telefónica segura, lo que permite, según explica el notario, hacer gestiones a distancia. “Una persona puede ir a una notaría en Madrid para hacer un poder a su hermano en Barcelona, y que este lo recoja en una de nuestras oficinas allí”. Un trámite con garantías y sin sobrecoste, afirma.
Las notarías comparten, asimismo, los datos de sus operaciones. Una puesta en común que quieren compartir con la sociedad. El próximo julio abrirán un portal web en el que cualquiera podrá consultar las estadísticas de su actividad. “Los investigadores, la comunidad científica, los ciudadanos, tendrán acceso a cifras tales como la cuantía de préstamos hipotecarios que se han formalizado, desde el año 2000”, explica Ana Togores, directora de comunicación del Consejo General del Notariado.
Pero creen que su contribución a la sociedad es mucho mayor. El colectivo destaca sus esfuerzos en la lucha contra el fraude fiscal. Desde 2006 el notario puede preguntar de dónde viene el dinero de una compraventa y envían los datos relevantes a Hacienda. “Muchas veces este trámite acaba en investigaciones. Lo cual no erradica el fraude, pero ayuda en beneficio público”, se reivindica López Pardiñas.
