Cuatro años de recortes en la Administración de Justicia y en los derechos de los trabajadores, reformas ya aprobadas y proyectos de reformas en trámite que solo vienen a constatar un alejamiento de la Justicia del ciudadano, su encarecimiento y su privatización hacia otros sectores y colectivos (Registradores, Procuradores, Notarios…)
A lo largo de estas semanas se están conmemorando con diversos actos en todos los territorios los 25 años de existencia de los Tribunales Superiores de Justicia. TSJ que nacieron precisamente con la LOPJ de 1985 y con la aprobación de la Ley de Demarcación y Planta Judicial de 1988 y se pusieron en marcha definitivamente en 1989. Aquello que, sin duda alguna, fue un avance y dio un fuerte impulso a la Administración de Justicia dentro de la organización territorial autonómica, se sustentó en un fuerte consenso judicial y político a la hora de la aprobación de dichas leyes.Sin embargo, hoy, 25 años después, los trabajadores y la ciudadanía no tenemos nada que celebrar pues en los últimos tiempos, fundamentalmente a partir de una “supuesta crisis” la Justicia española se está viendo mermada por un cúmulo de recortes y reformas (en base a una imperiosa necesidad de ahorrar costes para cumplir con los objetivos de déficit impuestos por la troika) y a las que solo podemos mostrar nuestro más enérgico rechazo. La última prueba de ello es el Anteproyecto de una nueva LOPJ que sustituirá a la anterior de 1985 (ley que ha sido en numerosas ocasiones reformada) y que pone patas arriba toda la organización judicial de este país.
Recortes como:
- Recortes presupuestarios desde el año 2010.
- Recortes en el empleo público con la congelación de oposiciones o la restricción de las mismas a una tasa de reposición del 10% que supone una ridícula oferta de empleo público
- Recortes en medios personales, en los derechos laborales y retributivos (que vienen a suponer hasta la fecha más del 30% de pérdida de poder adquisitivo, y se anuncian más) en infraestructuras, en medios tecnológicos, en edificios judiciales y sus condiciones de seguridad y salud,..
Reformas ya aprobadas como:
- Ley de Tasas Judiciales, que ha supuesto un encarecimiento de la Justicia para el ciudadano y que ya ha provocado un importante descenso en los asuntos civiles y contencioso-administrativo, fundamentalmente en aquellos pleitos que afectan a ciudadanos particulares.
- La Nueva Oficina Judicial: que después de su implantación en algunas ciudades sigue sin funcionar como venimos denunciando desde hace años.
- Reforma del CGPJ: que recibiendo las críticas de todos los colectivos afectados, con ella sólo se constata un nuevo ataque a la independencia judicial y nuevamente se pierde una oportunidad para despolitizar el órgano de gobierno de los jueces, eso sí, manteniéndolos amordazados.
Reformas en trámite de aprobación como:
- Reforma de la Ley de Justicia Gratuita: que encarece los requisitos para acceder a ella, dejando fuera a la mayor parte de la sociedad
- Ley de Seguridad Ciudadana, que supone una mayor criminalización de la protesta ciudadana y otorga un mayor poder a los vigilantes de seguridad privados
- Reforma del Código Penal, que suprime las faltas –la mayor parte de ellas serán consideradas sanciones administrativas-, castiga la protesta pero no así los delitos de guante blanco,
- Reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil que pone en manos del colectivo privado de Procuradores actuaciones judiciales tan importantes como los actos de comunicación y de ejecución
- Reforma de la Ley de Jurisdicción Voluntaria que pone en manos de colectivos como Notarios asuntos judiciales como testamentarías, divorcios de mutuo acuerdo sin hijos,…
- Reforma del Registro Civil que pone en manos del colectivo privado de Registradores de la Propiedad y/o Mercantiles el registro civil, y que supone el vaciamiento de funciones de los Juzgados de Paz y Agrupaciones que implicará su desaparición inminente y la pérdida de más de 5.000 puestos de trabajo en la Administración de Justicia
- Y por último, el Anteproyecto de LOPJ (que probablemente será aprobada a finales de año según las intenciones declaradas del ministerio) cuyas líneas maestras son la implantación de los Tribunales de Instancia solo en las capitales de provincia, y que conllevaría la supresión de los partidos judiciales, de los registros civiles, de los Juzgados de Paz, de las Audiencias Provinciales, eliminación de numerosos órganos judiciales, que puede conllevar la desaparición de más de 12.000 puestos de trabajo, de los actuales centros de destino, reordenación de efectivos sin respeto alguno a la localidad de destino, movilidad geográfica y funcional forzosa, la no garantía de las retribuciones complementarias que actualmente se cobran por guardias, …
La política de recortes del gobierno y su agenda de reformas que reducen o restringen nuestros derechos y libertades, como trabajadores y como ciudadanos, pues todas ellas solo tienen como consecuencia un alejamiento de la Justicia del ciudadano y su encarecimiento que está provocando una justicia de doble velocidad, una justicia para el que se la pueda pagar y una privatización –ni tan siquiera encubierta- de servicios y asuntos judiciales en manos de colectivos privados como Registradores, Notarios, Procuradores.
Realmente,... ¿QUÉ TENEMOS QUE CELEBRAR?
