Ayer, 4 de junio, trabajadores y trabajadoras de la Administración de Justicia y movimientos ciudadanos se concentraron frente al hotel en la ciudad de Ávila en el que el ministro Gallardón pretendía celebrar el 25 aniversario de los TSJ e intentar justificar sus intolerables reformas, como la privatización de los registros civiles, la reforma de la LOPJ y la ley contra la interrupción del embarazo. Para la ciudadanía y para los trabajadores/as no hay nada que celebrar.
CCOO de la Administración de Justicia había convocado esta concentración, que también apoyaron movimientos ciudadanos, ante la presencia del ministro Gallardón en un hotel de la ciudad de Ávila.
Desde la Ley de Tasas Judiciales, pasando por su intento de privatizar los registros civiles, culminando sus proyectos con la reforma de la LOPJ, ley de justicia gratuita, la reforma del código penal y sin olvidar a proyectos de ley como el de la interrupción del embarazo y la ley de seguridad ciudadana, todos son proyectos que atacan los derechos de miles de trabajadores y trabajadoras, así como de millones de personas.
La protesta fue enérgica y alcanzó su momento clave a la llegada de Gallardón al hotel a las 12 horas, donde fue recibido con los gritos de GALLARDÓN DIMITE.
Publicado en www.avilared.com
A su llegada a un acto, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, ha sido recibido con sonoros pitidos y abucheos por medio centenar de personas.
Alberto Ruiz Gallardón baja de su vehículo ante abucheos y pitidos. Foto: Raúl Sanchidrián.
Con pancartas, los manifestantes le han abucheado cuando ha salido del vehículo, en la plaza de la Catedral, y se dirigía a un hotel para participar en el II Ciclo de Justicia, un acto organizado por El Norte de Castilla.
Diversos eran los argumentos de la protesta, como la Ley de Seguridad Ciudadana, el proyecto de ley del aborto, la privatización de los registros civiles, las tasas de justicia, y la derogación de la Ley de Justicia Universal.
'Gallardón está acabando con la justicia' era la pancarta de la convocatoria, que partió de la sección de Justicia de CCOO.
En un manifiesto, la concejala de IU, Sara Doval, se ha referido a la Ley de Seguridad Ciudadana como 'ley mordaza', que, por ejemplo, "condena a cuatro años de prisión por resistirse a la Policía, pero no cataloga como delito cargarse la educación y la sanidad pública no es delito". "Que los políticos agredan con sus reformas a millones de personas no es delito, pero que una persona agreda a un político tiene hasta seis años de prisión", advirtió.
CCOO de Justicia ha indicado en un comunicado que en el 25 aniversario de los tribunales superiores de justicia "no hay nada que celebrar", después de "cuatro años de recortes" en la Administración de Justicia, en "los derechos de los trabajadores, reformas ya aprobadas y proyectos de reformas en trámite, que solo vienen a constatar un alejamiento de la Justicia del ciudadano, su encarecimiento y su privatización hacia otros sectores y colectivos, como registradores, procuradores y notarios".