CCOO reclama al ministro de Justicia la convocatoria de la Mesa sectorial


26 ene 2012






Complementariamente a la nota informativa urgente de CCOO de ayer, 25 de enero, sobre la intervención del ministro de Justicia en el Congreso de los Diputados, CCOO se vuelve a dirigir hoy al ministro por escrito exigiendo la convocatoria de la mesa sectorial de la Administración de Justicia de forma urgente.

Nos parece que algunas de las medidas que anunció el ministro, que su departamento va a poner en marcha, son inaceptables, y, además, es de todo punto de vista intolerable que se anuncien medidas que afectan a las condiciones de trabajo de los trabajadores, que ni siquiera se nos ha comunicado que se iban a poner en marcha, y, además, sin anunciar que se convocará por el ministro una reunión para explicarlas.

Entre otras de las medidas que CCOO no puede aceptar, se encuentra la implantación de nuevas tasas y depósitos, porque es un nuevo ataque a los derechos de ciudadanos y trabajadores y que rechazamos frontalmente.


Carta al ministro de Justicia

ALBERTO RUIZ-GALLARDÓN
MINISTRO DE JUSTICIA
C/ San Bernardo 45
Madrid

Madrid, 26 de enero de 2012

Al conocer su intervención en el Congreso de los Diputados de ayer, 25 de enero, con las medidas que expuso, no podemos por menos que extrañarnos porque algunas de las anunciadas no hayan ni siquiera sido trasladadas a los representantes de los trabajadores, dado que nos van a afectar plenamente no sólo como ciudadanos sino también como trabajadores de la Administración de Justicia.

Entendíamos, hasta ayer, tan sólo un mes después desde su toma de posesión, que nuestra solicitud de una reunión con los representantes de los trabajadores, realizada el pasado 23 de diciembre, inmediatamente después de su toma de posesión, fuera difícil de producirse en un plazo muy breve. Reunión que solicitamos para trasladarle, y así conociera, de primera mano los problemas expuestos por aquellos que tenemos un conocimiento muy próximo a los problemas que aquejan a la Administración de Justicia, puesto que trabajamos cada día comprobando las dificultades y la necesidad de poner las soluciones que tiene esta Administración.

Pero de su intervención se deduce que no le parece necesario, esperamos estar equivocados, conocer de primera mano esos problemas, porque ya ha anunciado medidas que nos afectan directamente, y aún desconocemos cuando se podrá celebrar esa primera reunión con los representantes de los trabajadores.

No le podemos ocultar que algunas de las que anunció tienen el rechazo contundente de CCOO, sin perjuicio de que haremos un pronunciamiento más concluyente cuando las conozcamos más en detalle porque hayan sido explicadas de forma más pormenorizada por el Ministerio de Justicia.

Hoy ya le adelantamos que rechazamos frontalmente el establecimiento de nuevas tasas y depósitos. Porque, para CCOO, no es cierto en absoluto, que las tasas disuadan a los ciudadanos de acudir a los Juzgados y Tribunales. Lo único que consigue esa medida es crear una Justicia para ricos y otra para el resto de los ciudadanos que no pueden aguantar más coste en su acceso a un servicio público al que tienen derecho, por lo que la tutela judicial efectiva con medidas como la anunciada por el ministro de Justicia se pone en cuestión por la vía de los hechos.

Vd. sabe perfectamente que el establecimiento de una tasa en segunda instancia, por ejemplo, en la jurisdicción social, no va a poner problemas a las grandes empresas que seguirán sin ninguna dificultad para acudir a la segunda instancia, en el caso de que sus pretensiones hayan sido desestimadas en el Juzgado Social, y, en cambio, los trabajadores despedidos injustamente, por ejemplo, estarán indefensos y no podrán hacer lo mismo en el caso opuesto.

Con esta medida, que se une a las ya existentes como las establecidas en la Ley 1/2009 que estableció depósitos previos para recurrir y en la Ley 37/2011 de 10 de octubre que modificó el criterio de imposición de costas, retrocedemos años en la historia de los derechos de los ciudadanos, y se establece definitivamente el copago en la Administración de Justicia, aunque Vd. haya eludido cuidadosamente este término en su intervención, conocedor del rechazo social que produce.

La Administración de Justicia es un servicio público esencial, como la educación y la sanidad, y no se puede establecer una nueva tasa porque los ciudadanos ya vienen pagando con sus impuestos la garantía de su mantenimiento, mientras deben ser los responsables políticos, a los que los ciudadanos encargan su gestión, los que sean especialmente cuidadosos en el uso que hacen del dinero público.

Tampoco compartimos varias de las restantes medidas que anunció en su intervención en el Congreso de los Diputados, como, por ejemplo, su apuesta por no crear órganos judiciales o reforzar los ya existentes, y su olvido, llamativo y clamoroso y, para CCOO muy preocupante, de omitir las necesidades de personal de los Cuerpos de la Administración de Justicia en muchos de los órganos judiciales absolutamente saturados. No sólo con la incorporación de más Jueces se solucionan los graves problemas de falta de personal en la Administración de Justicia.

Sobre la Nueva Oficina Judicial (NOJ) y las modernas tecnologías, la declaración de intenciones del ministro han sido las mismas que han venido realizando los anteriores equipos de dirección del Ministerio de Justicia. Pero CCOO no puede obviar, que la modernización de la Administración de Justicia pasa de forma imprescindible, para que no se vuelvan a repetir episodios tan lamentables como lo que ha sucedido en la Audiencia Nacional con la fallida, por los graves problemas que siguen persistiendo, implantación del Expediente Judicial Electrónico o los graves problemas que se han generado en muchas localidades en la implantación de la NOJ por la imprevisión en muchos de los aspectos de su puesta en marcha, por el estudio sereno y responsable, y que sea previo antes de tomar cualquier medida que se pretenda poner en marcha, además de que su aplicación debe hacerse con planes pilotos de pequeño tamaño, y no con atrevidos, y suicidas, proyectos como los que se han puesto en marcha por el anterior equipo de dirección del Ministerio de Justicia, que están generando más problemas de los que intentaba solucionar.

Por tanto, la llamada modernización de la Justicia no puede ser una alusión retórica, ni creer en ella como la panacea, porque lo importante es que su puesta en marcha, además de no conllevar ninguna privatización de servicios públicos, sirva para mejorar la Administración de Justicia para los ciudadanos y no como ha sucedido hasta el momento, constituya la creación de más dificultades para los trabajadores en la tramitación de los asuntos y en su trabajo diario.

El anuncio de la modificación de la Ley de Planta y Demarcación Judicial anunciada exige que los sindicatos representativos sean no sólo informados de cuáles son las intenciones y contenido concreto de la reforma del partido judicial, porque va a afectar de forma muy importante a las condiciones de trabajo.

Tampoco compartimos su olvido, bastante preocupante, de los trabajadores en su discurso. Sabe perfectamente que esta Administración funciona gracias, en gran medida, a los trabajadores, funcionarios de los Cuerpos Generales y Especiales y personal laboral. Expresar la necesidad de tender puentes a los operadores jurídicos, jueces, fiscales, secretarios judiciales, abogados, procuradores y no citar a los trabajadores (más de 40.000) es un descuido imperdonable.

CCOO considera que muchas de las medidas anunciadas afectan a las condiciones de trabajo de quiénes representamos, por eso, le reiteramos la necesidad de mantener de forma inmediata una reunión para que nos explique con detalle las iniciativas presentadas y le adelantamos que solicitamos la convocatoria de la mesa sectorial de la Administración de Justicia para la negociación de todas aquellas que afectan a las condiciones de trabajo de los trabajadores a los que representamos.




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