Los sindicatos planifican protestas y una gran manifestación en febrero contra los recortes de Aguirre a los funcionarios
Las modificaciones en la ley escoba que Esperanza Aguirre introdujo justo antes de acabar el año no solo aumentan la jornada laboral de los funcionarios de las 35 horas semanales actuales a 37,5. Incluyen también penalizar a los empleados públicos que estén de baja por enfermedad. Con la excepción de los accidentes laborales y el permiso de maternidad, la Comunidad de Madrid dejará de complementar la prestación por incapacidad temporal que hasta ahora permitía a los empleados de baja cobrar el 100% de su sueldo, como hacen la mayoría de las empresas con sus trabajadores. ¿Qué supone esta medida, que resta hasta el 40% del sueldo en muchos casos? A una enfermera, por ejemplo, ponerse mala 15 días le costará algo más de 500 euros.
El colectivo de empleados públicos de la sanidad es, por número (60.000 de 170.000), el más afectado. Un médico adjunto perderá 323 euros si está tres días de baja, 850 si lo está 15 y 1.325 si es todo el mes. El cálculo lo ha hecho la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CC OO, a partir del salario bruto anual de cada categoría profesional, sin contar trienios ni complementos. Una enfermera, que gana algo más de 2.000 euros brutos (12 pagas), dejará de cobrar unos 200 euros por tres días enferma, unos 520 por 15 días y más de 820 por 30 días. El objetivo de la medida es, según la Comunidad de Madrid, ahorrar 25 millones de euros y luchar contra el absentismo. Los sindicatos la critican porque pagan justos por pecadores y porque opinan que hay que centrarse en el absentismo injustificado.
Los recortes -solo el aumento de las horas puede suponer que deje de contratar a 8.000 eventuales que ahora las cubren-, que pillaron por sorpresa a los sindicatos por coincidir con la Navidad, han espoleado ahora a los representantes de los trabajadores. Ayer pactaron un calendario de movilizaciones que culminará con una manifestación el 7 de febrero por la tarde a la que están llamados más de 100.000 empleados públicos.
La consejera de Presidencia y Justicia, Regina Plañiol, envió el lunes una instrucción interna a todas las consejerías para darles la orden de que se reúnan con los sindicatos de las mesas sectoriales para ver cómo se aplica en cada ámbito la nueva regulación. Se ha dado de plazo hasta el 1 de febrero para llegar a acuerdos con las centrales. No será fácil: se trata de modificar la regulación horaria y los calendarios laborales de todo el sector público madrileño, desde la sanidad hasta la dependencia, pasando por las empresas públicas como Metro o Telemadrid.
>> Sanidad. Son 60.000 trabajadores que tendrán que hacer 2,5 horas más a la semana. Y eso se traducirá en pérdida de empleo y mayor carga para el resto, denuncian tanto el sindicato de enfermería SATSE como el de auxiliares SAE. El sindicato de médicos Amyts empieza hoy a distribuir por centros de salud y hospitales un cartel informativo titulado Los médicos ya hacemos las 37,5 horas. Es habitual, asegura un portavoz, que la mayoría de los facultativos prolonguen su jornada, en sesiones clínicas, visitas, etcétera. Amyts pide a los médicos que acrediten a partir de ahora los excesos de jornada. Los residentes, que pierden dinero en las guardias, anuncian movilizaciones. Los médicos en formación (unos 4.000), que sostienen las urgencias y muchos otros servicios, se concentran este sábado. Protestarán porque creen que Sanidad trasladará las horas a la jornada del sábado, lo que quiere decir que siete de las 24 horas de guardia irán al salario base. Los MIR perderían unos 80 euros por guardia.
>> Bomberos. La jornada de 37,5 horas semanales no cuadra demasiado con las rutinas de los bomberos, que trabajan en jornadas de 24 horas seguidas. La Consejería de Presidencia y Justicia ya ha empezado a negociar con sus sindicatos. Los bomberos han pedido que las 2,5 horas semanales extra se apliquen a la formación. En este caso, y como no se puede alargar la jornada media hora como en el caso de un administrativo, deben pactar también un nuevo calendario laboral.
>>Justicia. La negociación con los sindicatos aún no ha empezado, pero la mesa sectorial ya está convocada para la próxima semana. Los empleados públicos de Justicia son unos 6.800.
>> Profesores. Los docentes madrileños ya trabajan 37,5 horas semanales. El grueso de ellos está en régimen mutualista, lo que significa que los recortes en caso de baja no se les aplicarían hasta el tercer mes, cuando pierden un 40% del sueldo. Afecta principalmente a enfermedades largas o crónicas.
>> Metro. Los empleados del suburbano ya trabajan 37,5 horas. Están incluidos en el régimen general, por lo que la reducción en las bajas les afectaría desde el primer día. Los sindicatos se reunieron ayer con la empresa y les advirtieron de que "no admitirán" cambios que vulneren su convenio. La última vez que el Gobierno regional les incluyó en un recorte (la bajada del 5% en el sueldo de funcionarios que aprobó el Ejecutivo de Zapatero en verano de 2010) convocaron una huelga y pararon el servicio.
>> Canal de Isabel II. La empresa que se encarga de la gestión y el suministro del agua cuenta con una plantilla de 2.500 trabajadores. En este caso, los empleados se dividen en dos tipos: los que trabajan a turnos (de mañana, tarde y noche; ocho horas cada uno), que son básicamente los que se ocupan de incidencias y averías, y los del centro de control, y el resto, muchos de ellos personal de administración. "No tiene sentido que sus turnos se solapen", explica una portavoz del Canal sobre los primeros, por lo que la empresa propone a los sindicatos incrementar las jornadas anualmente. En el segundo caso, el Canal "será flexible", asegura. Los trabajadores podrán organizar la jornada para entrar antes o después.
>> Telemadrid. Los sindicatos de la televisión pública se reúnen hoy con la dirección tras pedir una moratoria. "Por la peculiaridad de nuestro trabajo, el cambio podría acabar aumentando los costes de plantilla sin conseguir a cambio que aumente la producción", explica Maite Treviño (UGT). "Esta medida no conllevará una reducción de interinos, y en cambio sí supondrá más gasto en nocturnidades o comidas", añade. "Pretenden que trabajemos media hora más mirando al techo", se lamenta Treviño.
Publicado el 11/01/2012 en www.elpais.com
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