Estas reformas ponen en
peligro 12.000 puestos de trabajo del personal al servicio de la Administración de
Justicia, amenazando con suprimir cerca del 26% del empleo público en dicha
Administración
Desde hace unos meses el Ministro Gallardón
está embarcado en una estrategia que bajo el nombre de reformas esconde el debilitamiento de la Administración de
Justicia como servicio público y su posterior privatización por partes en
favor de determinados lobbys profesionales y a costa del bolsillo de todos los
ciudadanos.
En esta estrategia tiene un papel destacado
el desprecio al personal de la Administración de
Justicia que somos quienes mantenemos las puertas abiertas de los Juzgados
todos los días y quienes vamos a ser directamente afectados por esas
“reformas”. El Ministerio de Justicia desoye la voz de los trabajadores y
trabajadoras de Justicia a quienes veladamente culpa de la situación de la Administración de
Justicia.
El debilitamiento de la Administración de
Justicia se consigue negándole los
medios que precisa para realizar su trabajo. Así, denunciamos la ridícula
oferta de empleo público de los dos últimos años. Asimismo, denunciamos el caos
informático existente con hasta ocho programas de gestión distintos en función
de quien tenga la competencia, algunos de ellos claramente obsoletos,
incompatibles y que no sirven para nada. De ambas cuestiones es responsable
directo el Ministerio de Justicia, así como las CCAA con competencias que lo
apoyan.
Lejos de cumplir con su principal función,
dotar de medios personales y materiales suficientes a los Juzgados y
Tribunales, los responsables del
Ministerio de Justicia se han empeñado en aparecer como los “salvadores” de la Administración de
Justicia pero a costa del bolsillo y de los derechos de los ciudadanos.
Así, las reformas legales emprendidas o anunciadas suponen:
- El fin de la
igualdad en el acceso a
- Por otro lado,
se está proponiendo el troceamiento y posterior privatización de
- Por último, se
reinventan por enésima vez la nueva oficina judicial proponiendo el
alejamiento de
Desde el punto de vista profesional estas reformas se traducen en:
- La pérdida de
más de 12.000 puestos de trabajo en toda
- La
supresión de los procesos de movilidad voluntaria (concursos, regulación
de las comisiones de servicio o sustituciones), de las oposiciones y del
derecho a la promoción y carrera profesional. Por el contrario, supone la
imposición de la movilidad forzosa con reordenaciones de efectivos
masivas.
- Supone
también la devaluación del concepto de funcionario público de Justicia que
puede conducir a la desaparición de algunos cuerpos a los que se vacía de
competencias para regalarlas a determinados colectivos profesionales.
- Como
consecuencia de todo lo anterior, se pretende la supresión directa de
complementos retributivos.
POR
TODO LO ANTERIOR ES NECESARIO INTENSIFICAR LAS MOVILIZACIONES PARA QUE SE NOS
OIGA DECIR
BASTA
YA,
1.- POR
EL MANTENIMIENTO DEL CARÁCTER DE SERVICIO PÚBLICO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA Y CONTRA EL PLAN DE PRIVATIZACIONES EN
EL REGISTRO CIVIL, ACTOS DE COMUNICACIÓN Y EJECUCIÓN
- POR
- PARA
IMPEDIR QUE SE ENTREGUEN A LOS PROCURADORES LOS ACTOS DE COMUNICACIÓN Y
LOS EMBARGOS
- PARA
DETENER
2.- POR LA PARTICIPACIÓN REAL
Y EFECTIVA DEL PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN EL DISEÑO E
IMPLANTACIÓN DEL NUEVO MODELO DE OFICINA JUDICIAL O DE LA CREACIÓN DE
- EN
DEFENSA DE LOS JUZGADOS Y AGRUPACIONES DE PAZ
- PARA
IMPEDIR
3.- PARA FRENAR LA SANGRÍA DE DERECHOS A LA QUE NOS VIENEN SOMETIENDO
DESDE HACE VARIOS AÑOS
- POR
- PARA
EXIGIR
- PARA
EXIGIR
- PARA
EXIGIR
