- CCOO rechaza la exclusión de la inmensa mayoría de la población de la asistencia jurídica gratuita, a pesar de nuestras reclamaciones en defensa de los trabajadores y trabajadoras y de la ciudadanía
- No obstante, sólo la presión y la vigilancia de CCOO sobre el Ministerio de Justicia consigue que en el proyecto se incluyan algunas de las exigencias muy importantes para las empleadas y empleados públicos que CCOO lleva reclamando hace más de 15 meses
El proyecto de ley de asistencia jurídica gratuita ha sido aprobado por el Consejo de Ministros de 21 de febrero (más de un año después de la aprobación del anteproyecto, el 11 de enero 2013)
Ese derecho había sido eliminado unilateralmente por Gallardón en la disposición final segunda de la ley 10/2012 de Tasas Judiciales al modificar la Ley 29/1998 de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativo, contra lo que prometió en junio de 2012.
• Ha sido parcialmente incluida: CCOO exigió el reconocimiento para todas las empleadas y empleados públicos (personal funcionario y laboral), y para los sindicatos y la representación unitaria de los trabajadores, del derecho a la asistencia jurídica gratuita, sin necesidad de acreditar la insuficiencia de recursos, cuando ejerciten la defensa de sus derechos laborales, tanto en el orden social como en el contencioso-administrativo, y en las mismas condiciones que el resto de los trabajadores del ámbito de las empresas privadas. El proyecto de ley reconoce ese derecho pero sólo parcialmente, pues se le niega al personal funcionario cuando acude en nombre propio a la jurisdicción contenciosa-administrativa, no aceptándose todo lo reclamado por CCOO. (artículo 2.3.5º y 2.4 ámbito personal de aplicación)
• No ha sido incluida: CCOO exigió el incremento sustancial del umbral de acceso para poder beneficiarse de la justicia gratuita, para garantizar que la inmensa mayoría de la población pueda acceder a la tutela judicial efectiva de forma real. La decisión final del Gobierno es nuevamente un recorte en los derechos de la inmensa mayoría de la ciudadanía.
El proyecto de ley contempla en su disposición final decimotercera que la entrada en vigor será a los seis meses de su publicación en el BOE.
Adjuntamos lo publicado en la página del Ministerio de Justicia: el texto del proyecto de ley aprobado y la nota sobre los umbrales que ha establecido el gobierno, que en una primera lectura urgente son los mismos que los del anteproyecto aprobado por el consejo de ministros el pasado enero de 2013
