CCOO advierte al nuevo ministro de Justicia que no aceptará de ningún modo el mantenimiento de la decisión de Gallardón y de Rajoy de entregar la gestión de los Registros Civiles a los registradores mercantiles.
Para
impedirlo, no bastan las palabras. A la denuncia presentada en solitario por CCOO ante la Fiscalía General
del Estado contra el presidente del Gobierno y el dimitido Gallardón por haber
vulnerado presuntamente la legalidad en la decisión de otorgar la gestión de
los Registros Civiles a los registradores mercantiles.
CCOO
anuncia que va a impulsar además, entre otras actuaciones, una Iniciativa
Legislativa Popular (ILP), que logre el mantenimiento de los Registros Civiles como
servicio público y gratuito y en el ámbito de la Administración de
Justicia.
La ILP, recogida en el artículo 87.3 de nuestra Constitución y desarrollada en la LO 3/1984, consiste en que, mediante la recogida de más de 500.000 firmas, la ciudadanía exija al Gobierno la aprobación de una proposición de ley, en este caso, para impedir la privatización de los Registros Civiles.
El rechazo a la privatización del Registro Civil de prácticamente todas las organizaciones profesionales del ámbito de la justicia, distintas organizaciones sociales y ciudadanas, cientos de ayuntamientos y varios parlamentos autonómicos (mediante la aprobación en sus plenos de mociones propuestas por CCOO), así como de todos los partidos políticos excepto el PP, y el muy significativo varapalo que el Consejo de Estado da en su dictamen al proyecto de Real Decreto por el que se aprueban los Estatutos de la Corporación Pública para el desarrollo del sistema registral electrónico, otorga optimismo para detener esta monstruosidad. Tras la denuncia ante la Fiscalía General del Estado presentada por CCOO en solitario, debemos dar un paso más, implicar a todas las organizaciones que rechazan la privatización del Registro Civil para lograr que llegue al Parlamento español esta Iniciativa Legislativa Popular (ILP), y así parar este desastre. Hay antecedentes como la ILP por la dación en pago, la paralización de los desahucios y el alquiler social, que logró una movilización social sin precedentes.
CCOO ha trasladado al nuevo ministro de Justicia como cuestiones fundamentales, junto a la oposición frontal a la privatización de los Registros Civiles, las siguientes reclamaciones:
- Retirada del proyecto de reforma de la LOPJ. CCOO ha defendido y seguirá defendiendo el mantenimiento todos los partidos judiciales y órganos judiciales actuales y de todos los Juzgados de Paz y de las Agrupaciones, la garantía del mantenimiento de todos los puestos de trabajo y de las retribuciones actuales, la prohibición expresa de imponer la movilidad forzosa fuera del municipio, que los actos de comunicación y ejecución seguirán siendo competencia exclusiva del personal funcionario de la Administración de Justicia.
- Devolución de todos los derechos robados desde 2010, con establecimiento de la fecha efectiva para su restitución: el ministro de Justicia debe reclamar al ministro de Hacienda y AAPP y al presidente del Gobierno la recuperación del salario recortado en 2010, la devolución del 100% de la paga extra de diciembre de 2012 (no aceptamos ese ridículo 24 % de devolución que anuncia Montoro en la LPGE 2015), el abono del 100% del salario en caso de baja por IT, la reposición de todos los días de asuntos particulares y los días adicionales por antigüedad (tanto de asuntos particulares como de vacaciones), y todos los demás derechos hurtados.
- Convocatoria en la OEP 2015 de todas las plazas vacantes de la Administración de Justicia de todos los cuerpos, cifradas en más de 10.000.
- Derogación de la Ley de Tasas
CCOO también le ha reclamado al nuevo ministro:
- Convocatoria urgente de la mesa sectorial de la Administración de Justicia para abordar la negociación de todas estas reclamaciones.
- Recuperación del poder adquisitivo perdido en estos años.
- Modificación sustancial del proyecto de ley de Jurisdicción Voluntaria (aprobado en consejo de ministros el 1 de agosto de 2014), suprimiendo la entrega a los notarios y registradores de procedimientos y tareas que deben seguir siendo competencia exclusiva de la Administración de Justicia.
- Rectificación del proyecto de ley de asistencia jurídica gratuita (aprobado en consejo de ministros del 21 de febrero de 2014), garantizando la gratuidad en el acceso a la Administración de Justicia a toda la población sin recursos, y a todos los empleados/as públicos cuando acuden en nombre propio a realizar una reclamación en defensa de sus derechos.
- Debe suprimirse también las costas en todos los procedimientos, con objeto de garantizar el acceso a la tutela judicial efectiva, también del personal de las Administraciones Públicas
