El
ministro de Justicia interviene en la comisión de Justicia del Congreso y
anuncia sus planes hasta el final de la legislatura: positivo su compromiso de
mantener la estructura actual de partidos judiciales y Juzgados de Paz, muy
negativo su anuncio de que continuará con la privatización de los Registros
Civiles y de los actos de comunicación y ejecución que podrán realizar los
procuradores.
CCOO
MANTENDRÁ SU OPOSICIÓN FRONTAL Y LAS MEDIDAS DE PRESIÓN ANTE EL ANUNCIO DEL
MINISTRO CATALÁ DE QUE CONTINUARÁ CON LA PRIVATIZACIÓN DE LOS REGISTROS
CIVILES Y LA ENTREGA DE SU GESTIÓN A LOS
REGISTRADORES MERCANTILES
La
declaración de Catalá en el Congreso sobre la decisión del nuevo equipo del
Ministerio de Justicia de mantener la privatización de los Registros Civiles,
confirma que la misma se sustenta en que es el mismo presidente del gobierno el
máximo responsable de esta escandalosa decisión. Y demuestra que existen
intereses ocultos al adoptarla, pues el nuevo ministro ha sido incapaz de
replicar con argumentos sólidos a las acusaciones que se han vertido por
algunos grupos parlamentarios de que los registradores no son funcionarios
públicos, tal y como dictaminó el Tribunal de Justicia Europeo y como viene denunciando
CCOO.
Entre los aspectos positivos de su intervención, Catalá ha
respondido a dos de las reclamaciones fundamentales que han sido exigidas desde
hace muchos meses por CCOO a Gallardón y que le trasladamos al nuevo
ministro de Justicia desde el mismo día de su toma de posesión:
1.- El ministro Catalá ha anunciado su “compromiso de mantener la estructura actual de la demarcación judicial”
y ha manifestado que “confirma los
partidos judiciales como elementos de proximidad a los ciudadanos.”
2.- El ministro de Justicia ha afirmado también: “que se mantendrán los Juzgados de Paz, como
estructura de la planta judicial, oficinas en las que se presentarán los
documentos para el registro civil, y contarán también con funciones de
mediación y jurisdicción voluntaria”
CCOO exige al ministro Catalá que confirme en la reunión de la mesa
sectorial, que debe convocar de inmediato, los detalles de que ese compromiso,
de mantener la actual estructura judicial y la planta actual, se extiende a todos
los partidos judiciales y órganos judiciales y a todos los Juzgados de
Paz y sus Agrupaciones. Sólo si ese compromiso es firme y se traslada al supuesto nuevo
texto de reforma de la LOPJ , que ha anunciado que presentará,
se habrá asegurado que el proyecto de Gallardón queda definitivamente inservible
en el fondo del cajón de las perversas intenciones.
Catalá ha mantenido en su intervención que no derogará la
ley de tasas, sin embargo ha adquirido el compromiso de “que revisará el modelo actual” y si, tras el estudio que el
Ministerio de Justicia va a realizar del impacto que está produciendo dicha
ley, “se llega a la conclusión de que
dicha ley limita la tutela judicial efectiva, no sostendrá el modelo.”
Su optimismo sobre el modelo de nueva oficina judicial,
demuestra que los datos que le han trasladado responsables de su implantación
esconden la verdadera realidad que es bien distinta, pues ha anunciado que
seguirá con su implantación, e incluso ha mantenido que la extenderá a todo el
ámbito no transferido, incluyendo un presupuesto especial de casi 2 millones de
euros para llevarla al Tribunal Supremo y a la Audiencia Nacional.
CCOO denuncia que el ministro
no haya mencionado como una cuestión prioritaria la necesidad de convocar una
verdadera oferta de empleo en la Administración de Justicia en 2015, ni
que haya hecho ninguna alusión a la obligación de restituir los derechos laborales
de los trabajadores/as, derechos que nos han sido robados desde 2010.
