- CCOO exige al Gobierno la paralización del proyecto y no cejará hasta que lo consiga.
Según se publicó ayer en determinados medios de comunicación, el Director General de los Registros y del Notariado, Joaquín Rodríguez Hernández, Registrador Mercantil de Zaragoza y uno de los máximos impulsores y responsables de la privatización del Registro Civil, habría dimitido. A su dimisión, que posiblemente formalizará en los próximos días, habría que sumar la del Subdirector General de Registros, Javier Vallejo, Registrador de la Propiedad de Avilés, y los registradores que estaban en comisión de servicio como letrados de la DGRN a su servicio.Los motivos de la dimisión parecen claros: tras la caída de Ruiz Gallardón, y el informe negativo del Consejo de Estado al anteproyecto de Real Decreto por el que se creaba la Corporación de Derecho Público establecida en la Disposición Adicional 23 del Real Decreto Ley 8/2014, que se iba a encargar de gestionar la contratación del sistema informático único y de la aplicación de llevanza en formato electrónico del Registro Civil y su red de comunicaciones y su posterior gestión, mantenimiento, conservación y actualización, el nuevo Ministro de Justicia decide incumplir lo dispuesto en el citado Real Decreto Ley, hoy Ley 18/2014, y anuncia que no se va a crear la citada Corporación.
Dicho Anteproyecto de Real Decreto, del que sin duda alguna tenía conocimiento Rajoy y que fue tachado de inconstitucional por el Consejo de Estado, pone claramente de manifiesto cuál era la intención de Rajoy y su entorno: aprovechar la privatización del Registro Civil para implantar y controlar un nuevo sistema registral en España que incluyera el registro civil, el de la propiedad, el mercantil y el de bienes muebles, en formato electrónico y al margen del Colegio de Registradores, al que paulatinamente vaciarían de competencias, con grandes posibilidades de hacer negocio adicional por medio de empresas participadas por Registradores mediante la oferta de un programa informático específico para su implementación.
Acuciado por las duras críticas desde sectores jurídicos muy cualificados, al parecer Rajoy aprovechó la dimisión de Gallardón y decidió dar marcha atrás en la creación de la Corporación, para centrarse en su objetivo principal: privatizar el Registro Civil, asumiéndolo los Registradores, y de esta forma consolidar su posición (y sus beneficios) en el tráfico jurídico a medio plazo, hoy cuestionado por la Unión Europea. Consecuentemente Rajoy habría dado orden al nuevo Ministro para que buscara la paz con el Colegio de Registradores, y consolide el proyecto, aunque ello suponga desairar al Director General de los Registros y del Notariado, puesto en el cargo por Rajoy y su entorno. Rajoy es un especialista en dejar atrás a los suyos para que nada altere su beneficio propio, ya lo hizo con Gallardón. Rajoy, acuciado por los escándalos en su partido, no quiere tener un frente abierto con el propio colectivo al que pertenece que pueda poner en riesgo su proyecto personal estrella.
Por todo ello, el nuevo Ministro de Justicia anunció que abandonaba la idea de la Corporación y que va a constituir una Comisión Mixta con el Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles para estudiar cómo pueden éstos gestionar el Registro Civil, garantizando la gratuidad de los servicios que requieran los ciudadanos y la titularidad estatal de los datos registrales y su máxima protección. O lo que es lo mismo, negocia una fuente de financiación propia y suficiente del Registro Civil para que el Colegio de Registradores colabore y no se oponga a su asunción, vinculada seguramente al pago de una tasa o arancel a toda Administración o Notario que acceda a la base de datos de Registro Civil, imponiendo a todos los operadores jurídicos la necesidad de realizar consultas de los asientos del Registro Civil antes de formalizar cualquier operación civil, inmobiliaria o mercantil. Con lo que al final todos sufragaremos los costes de la privatización.
Todo ello supone la modificación de la hoja de ruta que hasta el momento desarrollaba la Dirección General de los Registros y del Notariado, bajo la dirección de Joaquín Rodríguez Hernández, que aunque inicialmente fue ratificado en el puesto, habría presentado su dimisión junto con todo su equipo.
Para CCOO esta dimisión y el bodrio del Anteproyecto de Real Decreto de creación de la Corporación de Derecho Público para gestionar el Registro Civil inicialmente, y luego todo el sistema registral español, significa la demostración palpable de que fueron intereses espurios y nada que ver con la mejora del servicio público los que dieron lugar a la escandalosa decisión de proceder a la privatización de los Registros Civiles, decisión amparada y auspiciada en la posición del propio presidente del Gobierno Mariano Rajoy, del anterior ministro de Justicia Gallardón y de todo un equipo dentro de la Dirección General de los Registros y del Notariado que eran los peones encargados de llevarla a cabo para dejarla en manos privadas, ampliando el negocio con la posible contratación de empresas informáticas de alguna forma vinculadas a ellos.
El Director General dimitido fue uno de los que CCOO (único sindicato) denunció en la vía penal ante la Fiscalía General del Estado por no haberse inhibido en la toma de decisión de la privatización del Registro Civil, junto al exministro Gallardón y el presidente del Gobierno, y por supuestos conflicto de intereses, denuncia que sigue sus trámites legales.
Pero la batalla no ha terminado: la dimisión de Ruiz Gallardón, del Director General de los Registros y del Notariado y de su equipo, sólo supone la paralización de una forma escandalosa de privatizar el registro civil, pues contaba con la oposición del Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles al que pertenecen los beneficiarios de dicha privatización. Ahora Rajoy y Calatá buscan que en el proyecto de privatización del Registro Civil trabajen junta y coordinadamente Ministerio de Justicia y Colegio de Registradores, para llevarlo a buen puerto. Pero el objetivo sigue siendo el mismo: privatizar un servicio público, pasando a manos privadas que harán del mismo un negocio.
CCOO nunca ha cesado en la exigencia de que el Registro Civil siga siendo un servicio público servido por funcionarios y funcionarias de la Administración de Justicia, y así se los transmitimos al ministro Catalá en la reunión mantenida la semana pasada y así seguiremos haciéndolo con las medidas de presión que correspondan. CCOO no va a detenerse en las acciones que sean necesarias para detener esta privatización de un servicio público fundamental y así salvar los derechos de millones de personas. Mientras no logremos acabar con la decisión de este gobierno, que ya no puede esconder los múltiples escándalos que le rodean, no habremos logrado el objetivo: LOGRAR DETENER DEFINITIVAMENTE ESTA PRIVATIZACIÓN Y MANTENER DENTRO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EL REGISTRO CIVIL.
Al efecto CCOO va a impulsar en próximas fechas más acciones y contundentes para detener esta privatización, que anunciaremos en breve. Imprimir artículo
