El lunes 14 de octubre, en el Senado, intervino el ministro de Justicia respondiendo varias preguntas de senadores de grupos parlamentarios sobre el Registro Civil, la LOPJ y las tasas judiciales. Por tanto, fueron tres contestaciones cortas a tantas preguntas, que solo permiten extraer algunas conclusiones. Pero estas primeras conclusiones no son en absoluto esperanzadoras.
Su primera comparecencia pública ha generado para CCOO una honda preocupación. En relación a las preguntas de los senadores que le requerían sobre qué posición va a adoptar su Ministerio sobre la reforma de la LOPJ y si va a mantener la pretensión del exministro Gallardón de desmantelar los partidos judiciales actuales y los Juzgados de Paz, su contestación ha sido intencionadamente confusa, señalando:
“La intención del Gobierno de presentar un proyecto de reforma de la LOPJ abordará muchas de las cuestiones pendientes en nuestra Administración de Justicia desde el punto de vista fundamentalmente organizativo y en relación con los profesionales.
(..) desde el diálogo con las corporaciones que representan a los profesionales de la justicia y con los partidos políticos (….)
Pero déjenos que valoremos el cambio que se ha producido en nuestra sociedad en las últimas décadas en el acceso de los ciudadanos a la justicia y al conjunto de los servicios públicos, seguramente cada vez más la administración electrónica y telemática nos permite no tener situados puntualmente a lo largo de todo el territorio las oficinas de la Administración Pública y, en este caso, de la Administración de Justicia…
(…)
Pero también hay cuestiones de ámbito organizativo que hay que modificar, tenemos una planta estructurada en el siglo pasado, modelos de organización de hace décadas, dejar las cosas en el estado actual en que se encuentran no es hacer un buen servicio a nuestra Administración de Justicia. Tenemos una firme voluntad reformista por eso el proyecto de ley de reforma de la LOPJ que presentará el Gobierno abordará todas estas cuestiones atendiendo a la permanencia de los partidos judiciales tal y como he planteado”
Sobre el Registro Civil, ha señalado:
"Estamos trabajando por un registro propio del tiempo actual, utilizando las nuevas tecnologías y facilitando esa relación con los ciudadanos"
En ningún momento ha manifestado que la posición del nuevo equipo del Ministerio de Justicia sea la de dar marcha atrás en el proyecto de Gallardón de privatizar los Registros Civiles. Por lo que nos tememos que su posición sea seguir adelante con la privatización de éstos, demostrando una vez más que esta decisión no era solo de Gallardón sino del mismo presidente del Gobierno.
Respecto a las tasas judiciales, no ha concretado en absoluto su decisión, pues se ha limitado a manifestar que "ajustará, modificará o corregirá", sin comprometerse a nada.
CCOO comienza a dudar de que el cambio de ministro en Justicia pueda significar un cambio de rumbo real en una política que se ha configurado esencialmente como un intento de proceder en una sola legislatura al desmantelamiento de la Administración de Justicia y la eliminación de los derechos del personal que presta sus servicios en ella.
En el caso de que el nuevo ministro de Justicia mantenga las mismas decisiones que su antecesor, CCOO mantendrá su oposición frontal y adoptará las decisiones oportunas para combatirlas.
