- Ayer en Bilbao CCOO vuelve a exigir al Ministro de Justicia que cumpla con su compromiso de retirar la privatización del Registro civil
- CCOO le reitera a Catalá que para cumplir su compromiso, el Ministro de Justicia debe llevar a la Ley la retirada de la entrega a los Registradores de la Gestión del Registro Civil y ampliar la vacatio legis de la Ley 20/2011, hasta al menos 2017.
- Mientras no se apruebe la retirada de la privatización del Registro Civil en la Ley, CCOO seguirá impulsando y recogiendo las 500.000 firmas para llevar al Congreso de los Diputados la ILP en defensa del Registro Civil, público y gratuito, y servido por personal de la Administración de Justicia.
El lunes en Navarra, ayer en el País Vasco, CCOO se ha dirigido directamente al ministro de Justicia para exigirle que cumpla con urgencia con el compromiso que adquirió en la reunión de la mesa sectorial celebrada el pasado martes, 28 de abril, con las organizaciones sindicales representativas.CCOO observa con grave preocupación que el ministro de Justicia y su equipo hayan sido incapaces de llevar este martes 5 de mayo al Congreso de los Diputados las enmiendas necesarias para detener la privatización del Registro Civil, como comprometió el 28 de abril en la reunión con los sindicatos. Los argumentos de la complejidad técnica para la presentación de las enmiendas que se han esgrimido por el Ministerio pueden ser ciertos o no. Pero cuando el Gobierno se ha dedicado a mentir reiteradamente mientras aplicaba una intolerable política de recortes de los derechos del personal de las Administraciones Públicas y también en su decisión de privatizar el Registro Civil, CCOO no se va a fiar de compromisos verbales mientras no se lleven a la norma legal y se publiquen.
Por eso, CCOO ha vuelto a reclamarle en persona al ministro de Justicia, en su visita a Bilbao, como el lunes en Navarra, la inmediata retirada de cualquier proyecto que suponga la privatización del Registro Civil, y a advertirle que seguiremos con la recogida de, al menos, 500.000 firmas de la ILP, en defensa del Registro Civil público y gratuito, hasta no tener pruebas fehacientes de su retirada en la Ley que entra en vigor el 15 de julio de 2015, y las únicas pruebas válidas para CCOO son la aprobación, primero. y la publicación, después, de dicha Ley, y que de forma clara anule la privatización del Registro Civil y la entrega de su gestión a los Registradores.
Como hemos venido informando, el ministro de Justicia comprometió en persona el pasado martes 28 de abril, ante todos los sindicatos representativos de la Administración de Justicia, enmendar "el proyecto de Ley de medidas de reforma administrativa en el ámbito de la Administración de Justicia y del Registro Civil" (proyecto de Ley que sigue en el Congreso paralizado, por la ampliación del plazo de presentación de enmiendas desde septiembre de 2014 y que ahora ha vuelto a ampliarse hasta, al menos, el martes próximo, 12 de mayo), para dejar sin efecto la entrega de la gestión del Registro Civil a los Registradores y ampliar la vacatio legis de la entrada en vigor de la ley 20/2011, que CCOO exige sea de dos años más al menos.
El ministro ha respondido a CCOO en Bilbao que la determinación del Ministerio de Justicia es el abandono del proyecto de privatización del Registro Civil, y que la primera demostración, según el ministro, "ha sido la retirada en el proyecto de la nacionalidad de los sefardíes la gestión que se entregaba a los Registradores".
Para CCOO, esa retirada no es prueba de nada o al menos es insuficiente, porque mientras no sea una retirada completa de todas las leyes que se encontraban en el Parlamento que permiten la privatización del Registro Civil, seguiremos impulsando la recogida de firmas de la ILP en defensa de un Registro civil público, gratuito y servido por el personal de la Administración de Justicia.
Así mismo, CCOO ha reclamado también al ministro de Justicia un auténtico consenso en la reforma de la LOPJ con un verdadero talante negociador, y que no sean solo palabras lo que viene anunciando el propio ministro al referirse a los futuros proyectos que quiere emprender.
CCOO ha seguido insistiendo al ministro de Justicia también que debe retirar de la ley la imposición de costas al personal funcionario cuando se acude a la jurisdicción contenciosa-administrativa a defender los derechos laborales y profesionales. Y en este empeño, CCOO no va a detenerse tampoco hasta lograrlo. Pues las palabras del ministro de Justicia, contestando a los representantes de CCOO, viendo muy positiva nuestra reclamación, no sirven de nada hasta que la Ley lo recoja y se publique en el BOE. Imprimir artículo
