La reforma laboral allana el camino de los despidos colectivos en el sector público tanto como en el privado. Y no solo lo hace para quienes trabajan en las empresas públicas, sino también para el personal laboral contratado directamente por los ayuntamientos, las comunidades autónomas o los propios ministerios. Cuando los “entes, organismos y entidades que forman parte del sector público” aduzcan nueve meses de “insuficiencia presupuestaria sobrevenida y persistente”, según reza una disposición transitoria del decreto ley que entró ayer en vigor, podrán poner en marcha un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) por causas económicas y despedir con una indemnización de 20 días por año trabajado sin que la autoridad laboral les de el visto bueno.
Entre los potenciales afectados de esta medida están los casi 700.000 empleados públicos que están considerados como personal laboral contratado, según el Ministerio de Administraciones Públicas, y los más de 150.000 que trabajan en empresas públicas, según la encuesta de población activa. En cambio, deja fuera a los dos millones de funcionarios, cuyo régimen laboral no se rige por el Estatuto de los Trabajadores, que es lo que reformó el Consejo de Ministros el pasado viernes.
Además, la reforma laboral zanja un viejo debate del derecho laboral: ¿se pueden promover despidos colectivos desde el sector público? La mayoría de juristas y sentencian opinaban que sí. Y, de hecho, hay múltiples regulaciones de empleo llevadas a cabo en Administraciones públicas. Uno de los últimos ejemplos es el del Ayuntamiento madrileño de Collado Villalba que el jueves recibió luz verde de la Comunidad de Madrid —si hubiera esperado dos días no la habría necesitado— para despedir a 39 de sus 569 empleados.
Lo que no podrán hacer las Administraciones y los demás órganos públicos, a partir de ahora, salvo los que se financien mayoritamente con dinero que no procede de los contribuyentes, es recurrir a otras herramientas para adaptarse a las dificultades económicas y recibir ayudas de la Seguridad Social para mantener el empleo. La reforma laboral les veda la posibilidad de recurrir a los ERE para suspender contratos temporalmente o reducir jornada. Este veto es la mejor prueba de que el Gobierno —con los cambios laborales para el sector público en la reforma— lo que persigue es facilitar el ajuste presupuestario a través de la partida de personal.
La medida afectaría al personal laboral contratado y de empresas públicas
Desde julio de 2009, cuando una empresa opta por enfrentarse a las dificultades económicas suspendiendo los contratos temporalmente sin despedir se beneficia de una bonificación del 50% en las cuotas a la Seguridad Social durante 240 días. Además, los trabajadores afectados cobran 180 días de prestación por desempleo, sin que eso suponga merma alguna en su derecho para percibir luego el paro si definitivamente acabara perdiendo su empleo. La reforma laboral cierra esta posibilidad para los ERE procedentes de la Administración o sus aledaños. No en vano, los recursos empleados en esta ayuda salen de las arcas de la Seguridad Social.
Que la “insuficiencia presupuestaria” justifique el despido colectivo por motivos económicos en los entes y organismos públicos allana el ajuste por una doble vía en muchos de ellos. Por un lado, facilita y abarata el ERE. Por otro, permite a la Administración provocar la causa que motiva el expediente.
En muchos organismos (Consejo Superio de Investigaciones Científicas, universidades, televisiones públicas, organos supervisores y reguladores como la CNMV o el Banco de España) su presupuesto procede totalmente o en gran parte de la dotación presupuestaria que se le asigne. Por tanto, depende de la decisión de los responsables políticos que se den las causas que permiten poner en marcha el despido colectivo procedente. Por ejemplo, la decisión del Consejo de Ministros de recortar en 200 millones la aportación pública al presupuesto de RTVE, bien podría propiciar que la televisión pública estatal acabara incurriendo en “insuficiencia presupuestaria persistente”.
El Gobierno quiere acabar con los ERE privilegiados como el de RTVE en 2006
La crisis ha provocado un desplome de los ingresos públicos y el descontrol del déficit. Para controlarlo, muchas administraciones han puesto su mirada en este tipo de órganos. Es el caso de las televisiones autonómicas. En Valencia, la Generalitat, la comunidad más endeudada de España, ha anunciado su intención de reducir en dos tercios (1.800 trabajadores) la plantilla de Radio Televisión Valenciana. Tras la reforma laboral, el Gobierno de Alberto Fabra ve como se le allana y abarata el camino.
Hasta el pasado viernes, las regulaciones de empleo que se llevaban adelante en este tipo de organismos solían acabar con unas condiciones mucho mejores que las del resto de trabajadores. En 2006, RTVE pactó un ERE con sus sindicatos por el que los afectados perdían su empleo a cambio de recibir en torno al 90% de su sueldo neto hastas que se jubilaran. La intención del Gobierno es acabar con este tipo de pacto. Y así lo admitía el pasado viernes. “Pretendemos facilitar el redimensionamiento de las estructuras administrativas que crecieron desmesuradamente durante el crecimiento y que no son sostenibles desde un punto de vista financiero en el momento actual, ni existe una previsión de que lo sean en los próximos años”, afirma el Ministerio de Empleo
Entre los potenciales afectados de esta medida están los casi 700.000 empleados públicos que están considerados como personal laboral contratado, según el Ministerio de Administraciones Públicas, y los más de 150.000 que trabajan en empresas públicas, según la encuesta de población activa. En cambio, deja fuera a los dos millones de funcionarios, cuyo régimen laboral no se rige por el Estatuto de los Trabajadores, que es lo que reformó el Consejo de Ministros el pasado viernes.
Además, la reforma laboral zanja un viejo debate del derecho laboral: ¿se pueden promover despidos colectivos desde el sector público? La mayoría de juristas y sentencian opinaban que sí. Y, de hecho, hay múltiples regulaciones de empleo llevadas a cabo en Administraciones públicas. Uno de los últimos ejemplos es el del Ayuntamiento madrileño de Collado Villalba que el jueves recibió luz verde de la Comunidad de Madrid —si hubiera esperado dos días no la habría necesitado— para despedir a 39 de sus 569 empleados.
Lo que no podrán hacer las Administraciones y los demás órganos públicos, a partir de ahora, salvo los que se financien mayoritamente con dinero que no procede de los contribuyentes, es recurrir a otras herramientas para adaptarse a las dificultades económicas y recibir ayudas de la Seguridad Social para mantener el empleo. La reforma laboral les veda la posibilidad de recurrir a los ERE para suspender contratos temporalmente o reducir jornada. Este veto es la mejor prueba de que el Gobierno —con los cambios laborales para el sector público en la reforma— lo que persigue es facilitar el ajuste presupuestario a través de la partida de personal.
La medida afectaría al personal laboral contratado y de empresas públicas
Desde julio de 2009, cuando una empresa opta por enfrentarse a las dificultades económicas suspendiendo los contratos temporalmente sin despedir se beneficia de una bonificación del 50% en las cuotas a la Seguridad Social durante 240 días. Además, los trabajadores afectados cobran 180 días de prestación por desempleo, sin que eso suponga merma alguna en su derecho para percibir luego el paro si definitivamente acabara perdiendo su empleo. La reforma laboral cierra esta posibilidad para los ERE procedentes de la Administración o sus aledaños. No en vano, los recursos empleados en esta ayuda salen de las arcas de la Seguridad Social.
Que la “insuficiencia presupuestaria” justifique el despido colectivo por motivos económicos en los entes y organismos públicos allana el ajuste por una doble vía en muchos de ellos. Por un lado, facilita y abarata el ERE. Por otro, permite a la Administración provocar la causa que motiva el expediente.
En muchos organismos (Consejo Superio de Investigaciones Científicas, universidades, televisiones públicas, organos supervisores y reguladores como la CNMV o el Banco de España) su presupuesto procede totalmente o en gran parte de la dotación presupuestaria que se le asigne. Por tanto, depende de la decisión de los responsables políticos que se den las causas que permiten poner en marcha el despido colectivo procedente. Por ejemplo, la decisión del Consejo de Ministros de recortar en 200 millones la aportación pública al presupuesto de RTVE, bien podría propiciar que la televisión pública estatal acabara incurriendo en “insuficiencia presupuestaria persistente”.
El Gobierno quiere acabar con los ERE privilegiados como el de RTVE en 2006
La crisis ha provocado un desplome de los ingresos públicos y el descontrol del déficit. Para controlarlo, muchas administraciones han puesto su mirada en este tipo de órganos. Es el caso de las televisiones autonómicas. En Valencia, la Generalitat, la comunidad más endeudada de España, ha anunciado su intención de reducir en dos tercios (1.800 trabajadores) la plantilla de Radio Televisión Valenciana. Tras la reforma laboral, el Gobierno de Alberto Fabra ve como se le allana y abarata el camino.
Hasta el pasado viernes, las regulaciones de empleo que se llevaban adelante en este tipo de organismos solían acabar con unas condiciones mucho mejores que las del resto de trabajadores. En 2006, RTVE pactó un ERE con sus sindicatos por el que los afectados perdían su empleo a cambio de recibir en torno al 90% de su sueldo neto hastas que se jubilaran. La intención del Gobierno es acabar con este tipo de pacto. Y así lo admitía el pasado viernes. “Pretendemos facilitar el redimensionamiento de las estructuras administrativas que crecieron desmesuradamente durante el crecimiento y que no son sostenibles desde un punto de vista financiero en el momento actual, ni existe una previsión de que lo sean en los próximos años”, afirma el Ministerio de Empleo
Fuente: elpais.com
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