- CCOO exhorta a los partidos políticos con representación en la asamblea de Madrid a que lleguen a un acuerdo que garantice la inversión presente y futura en la administración de justicia de la comunidad y no solo en los edificios judiciales, y el mantenimiento de la mesa para el pacto para la mejora de la justicia a fin de controlar y evaluar la aplicación del mismo y sus posibles modificaciones.
- CCOO vuelve a exigir para la ciudad de Madrid la unificación de sedes por jurisdicción, la inversión en todos aquellos edificios que se encuentran en estado lamentable, y en especial respecto a todos aquellos en que existe requerimiento de actuación por parte de la inspección de trabajo, además, es imprescindible que estas actuaciones se hagan en zonas de la ciudad bien comunicadas y con varios medios de transporte, y nos oponemos frontalmente a que se realicen a costa de los derechos de las y los trabajadores
- CCOO reclama la construcción inmediata de nuevos edificios en todos los partidos judiciales de la periferia de Madrid: los actuales no reúnen condiciones para el desarrollo de la actividad diaria adecuada, no solo en aquellos que requieren la unificación de sus sedes, y que no se dilate su ejecución, en ningún caso, más allá de la próxima legislatura.
En la tarde de ayer, se ha celebrado una nueva reunión de la mesa por el pacto de la mejora de la justicia en la Comunidad de Madrid, con una demora de ocho meses desde la anterior que tuvo lugar el 29 de enero del presente año, con el siguiente orden del día:
1.- Aprobación del acuerdo sobre infraestructuras judiciales: calendario de actuación y presupuesto.
2.- Ruegos y preguntas.
A la misma han asistido el Viceconsejero de Justicia, así como la Directora General de Infraestructuras Judiciales, y representantes de los distintos operadores jurídicos, desde el Presidente del Tribunal de Justicia, al Secretario de Gobierno, Decana de Madrid, representantes de la Fiscalía, Jueces, Abogados, Procuradores, Graduados Sociales, director del IML, partidos políticos con representación en la Asamblea, así como en representación de los trabajadores de la administración de Justicia, los sindicatos más representativos.
Con carácter previo a la celebración de la reunión se nos hizo entrega de un documento llamado aprobación del acuerdo sobre infraestructuras judiciales: calendario de actuación y presupuesto, en el que no se aporta nada nuevo a lo ya conocido, salvo un cronograma de actuaciones previstas en relación a la construcción y adecuación de sedes judiciales, cuya fecha de finalización de inversiones está programada para el 2025, con una presupuesto global de inversión para los ocho años de los que consta de cerca de 90 millones de euros.
En la reunión de ayer desde CCOO en primer lugar se denunció la ausencia de convocatoria de la mesa del pacto para la justicia, desde la última celebrada el pasado 29 de enero de 2018, y más aún cuando la anterior también había tenido lugar también con más de seis meses de demora desde la anterior, celebrada el 11 de julio de 2017. A pesar de las excusas que respecto del cambio de gobierno se alegaron por parte del Viceconsejero, más bien parece una maniobra puramente propagandística, de hecho se ha publicitado en varios medios de comunicación afines el hecho de que por la Consejería de Justicia se iba a invertir noventa millones de euros durante los próximos años en las infraestructuras judiciales. No olvidemos que las elecciones están a la vuelta de la esquina, en mayo del año que viene, y de ahí el interés de la Comunidad de Madrid en alcanzar un pacto que pueda hacer valer en la futura contienda electoral.
Reafirmándonos en nuestros anteriores escritos e intervenciones en el mismo foro, exhortamos a la Comunidad de Madrid a fin de que proporcionara los datos suficientes a fin de conocer la realidad de la situación patrimonial de los edificios que albergan las sedes judiciales, coste anual de los arrendamiento, duración de contratos, gastos anuales de transporte de documentación y de expedientes judiciales entre sedes de un mismo orden jurisdiccional, coste anual de la seguridad, el mantenimiento y la limpieza, a fin de que con esos datos en la mano se pudiera analizar cuáles son las mejores decisiones en relación con la construcción y reubicación de sedes judiciales, y sobre la priorización de las mismas
Lamentablemente la Comunidad sigue sin aportar los datos que desde CCOO se la han reiterado en cada sesión de la mesa, simplemente como documentación adicional a la ya remitida con carácter previo a la reunión, ha aportado un documento denominado Contratos en ejecución en sedes, donde se hace una enumeración de las intervenciones que se han efectuado y se tiene pensado efectuar en las infraestructuras judiciales, en las que destaca el suministro e instalación de varios aparatos de climatización para diferentes sedes, la adquisición de cámaras de videoconferencia para la salas de vistas de las sedes judiciales y dentro del acuerdo marco para la contratación de obras de reforma, ampliación y mejora de las sedes judiciales, el detalle de las obras realizadas con cargo a dicho acuerdo, que fundamentalmente se centran en el lavado de cara de la sede de Plaza de Castilla y en alguna obras, fundamentalmente de pintura, de las diversas sedes judiciales, que deben ser entendidas todas ellas como obras de mantenimiento de las mismas, que no de mejora.
Es evidente que la única voluntad por parte de la administración es arrancar un acuerdo a toda costa, con el fin de hacerse la foto, para vender a la ciudadanía que ha alcanzado un compromiso de mejora de las infraestructuras judiciales con todos los operadores jurídicos, intención a la que CCOO, al igual que han hecho otras partes integrantes de la mesa con mayor o menor énfasis, se ha opuesto frontalmente al entender que no es algo que en este foro se pueda acordar, ya que ninguno de los integrantes, salvo los partidos políticos con representación parlamentaria tienen ningún tipo de intervención en los presupuestos de la Comunidad de Madrid.
Por eso desde CCOO, se ha exhortado a los mismos a fin de que lleguen a un acuerdo de inversión en el sentido que se propone, un acuerdo que mejore las cantidades reseñadas que a todas luces resultan insuficientes, que acorte los plazos propuestos, que en ese acuerdo se prime el carácter de servicio público a los ciudadanos de la Comunidad de Madrid, buscando la accesibilidad de las sedes judiciales, con ubicaciones donde las opciones de comunicación sean las deseables para cualquier servicio públicos, y que además se busquen las garantías necesarias para que los trabajadores no se vean afectados en sus condiciones laborales más allá de lo estrictamente necesario, como ha sucedido con los traslados impuestos unilateralmente por la Consejería de Justicia de las secciones civiles de la Audiencia Provincial y el de parte de la jurisdicción penal al entorno de Julián Camarillo, a lo que CCOO se opuso ya en la reunión del 11 de julio.
Una vez suscrito, ese acuerdo ya es cuando CCOO propone que la mesa permanezca activa durante la vigencia del acuerdo, con reuniones de forma periódica a fin de evaluar el cumplimiento del mismo, y como mínimo dos veces al año, y en todo caso, antes de la elaboración de los presupuestos para posibles propuestas de modificación de los planes inicialmente previstos.
El desarrollo de las distintas sesiones del Pacto para la Mejora de la Justicia, creado para dar cumplimiento a una propuesta no de ley, aprobada por la Asamblea de Madrid, ha evidenciado que la intención de la Consejería de Justicia de la Comunidad de Madrid es seguir adelante con sus planes, cicateros en la inversión, y sin compromisos vinculantes más allá de la presente legislatura, y sin ni siquiera estar garantizados los recursos presupuestarios necesarios para la inversión prevista para el año venidero, al no saberse a día de la fecha si va a ser posible tener presupuestos del 2019, y en el caso de prórroga de los mismos si va a ser factible alcanzar la cuantía presupuestada, y si las modificaciones presupuestarias necesarias para la misma, van a ser aprobadas. Además de todas estas cuestiones se ha evidenciado poco interés en modificar ninguna cuestión de las inicialmente planteadas por la administración, valiéndose de la sintonía que evidencian ambas partes con el Presidente del TSJ, y el Secretario de Gobierno, sin que se tenga en cuenta las opiniones de los demás operadores jurídicos y en especial de los representantes de los trabajadores que son los que van a ver modificado de forma sustancial sus condiciones de trabajo, sus desplazamientos a sus centros de trabajo, con las consecuencias que en la vida personal y fundamentalmente en la conciliación de la vida profesional y familiar tienen estas decisiones.
En relación con cuestiones puntuales de las que se ha conseguido nueva información, no incluida en el documento de la Consejería de Justicia:
1.- Se ha confirmado la búsqueda de un edificio en régimen de alquiler en las cercanías de la sede de los Juzgados de Primera Instancia donde se va a proceder a la unificación de la jurisdicción civil prevista para el año 2019, sin que se haya concretado nada más, salvo que están evaluando dos propuestas y que en breve se decidirán por una de ellas. Desde CCOO se les ha emplazado a que nos trasladen la decisión lo antes posible, y que no ocurra como paso con los traslados de la Audiencia Provincial Civil y los del edificio de la calle Albarracín, que nos enteramos por otros medios, antes que por la comunicación de la Consejería.
2.- Se ha informado de que se ha licitado un nuevo contrato de limpieza por valor de 16.5 millones de euros, en los que se establecen 84.000 horas de limpieza más a las existentes, así como la adjudicación del contrato de seguridad por valor de 21 millones de euros
3.- Respecto a los Juzgados de nueva creación, se ha manifestado por parte del Viceconsejero, que al parecer el Ministerio había retrasado la puesta en funcionamiento al mes de enero de 2019, después fue aclarado por parte de un interviniente en representación del C.G.P.J. que el pleno del Consejo iba a informar sobre la creación en una de las sesiones a celebrar en el mes de octubre y que las fechas de puesta en funcionamiento que baraja el Ministerio eran 15 o 31 de diciembre de 2018, y que al parecer por una cuestión de nóminas el Ministerio se iba a decantar por la fecha de 31 de diciembre de 2018.
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Una vez suscrito, ese acuerdo ya es cuando CCOO propone que la mesa permanezca activa durante la vigencia del acuerdo, con reuniones de forma periódica a fin de evaluar el cumplimiento del mismo, y como mínimo dos veces al año, y en todo caso, antes de la elaboración de los presupuestos para posibles propuestas de modificación de los planes inicialmente previstos.
El desarrollo de las distintas sesiones del Pacto para la Mejora de la Justicia, creado para dar cumplimiento a una propuesta no de ley, aprobada por la Asamblea de Madrid, ha evidenciado que la intención de la Consejería de Justicia de la Comunidad de Madrid es seguir adelante con sus planes, cicateros en la inversión, y sin compromisos vinculantes más allá de la presente legislatura, y sin ni siquiera estar garantizados los recursos presupuestarios necesarios para la inversión prevista para el año venidero, al no saberse a día de la fecha si va a ser posible tener presupuestos del 2019, y en el caso de prórroga de los mismos si va a ser factible alcanzar la cuantía presupuestada, y si las modificaciones presupuestarias necesarias para la misma, van a ser aprobadas. Además de todas estas cuestiones se ha evidenciado poco interés en modificar ninguna cuestión de las inicialmente planteadas por la administración, valiéndose de la sintonía que evidencian ambas partes con el Presidente del TSJ, y el Secretario de Gobierno, sin que se tenga en cuenta las opiniones de los demás operadores jurídicos y en especial de los representantes de los trabajadores que son los que van a ver modificado de forma sustancial sus condiciones de trabajo, sus desplazamientos a sus centros de trabajo, con las consecuencias que en la vida personal y fundamentalmente en la conciliación de la vida profesional y familiar tienen estas decisiones.
En relación con cuestiones puntuales de las que se ha conseguido nueva información, no incluida en el documento de la Consejería de Justicia:
1.- Se ha confirmado la búsqueda de un edificio en régimen de alquiler en las cercanías de la sede de los Juzgados de Primera Instancia donde se va a proceder a la unificación de la jurisdicción civil prevista para el año 2019, sin que se haya concretado nada más, salvo que están evaluando dos propuestas y que en breve se decidirán por una de ellas. Desde CCOO se les ha emplazado a que nos trasladen la decisión lo antes posible, y que no ocurra como paso con los traslados de la Audiencia Provincial Civil y los del edificio de la calle Albarracín, que nos enteramos por otros medios, antes que por la comunicación de la Consejería.
2.- Se ha informado de que se ha licitado un nuevo contrato de limpieza por valor de 16.5 millones de euros, en los que se establecen 84.000 horas de limpieza más a las existentes, así como la adjudicación del contrato de seguridad por valor de 21 millones de euros
3.- Respecto a los Juzgados de nueva creación, se ha manifestado por parte del Viceconsejero, que al parecer el Ministerio había retrasado la puesta en funcionamiento al mes de enero de 2019, después fue aclarado por parte de un interviniente en representación del C.G.P.J. que el pleno del Consejo iba a informar sobre la creación en una de las sesiones a celebrar en el mes de octubre y que las fechas de puesta en funcionamiento que baraja el Ministerio eran 15 o 31 de diciembre de 2018, y que al parecer por una cuestión de nóminas el Ministerio se iba a decantar por la fecha de 31 de diciembre de 2018.
